La justicia ordinaria investigará a “Pitty”, la numeróloga, por presunto aprovechamiento de clientes
La denuncia la hizo Pablo Salum, quien en redes sociales se define como “fundador de Red LibreMentes” y “luchador” contra las “pseudociencias coercitivas”.
<p><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Noticias_Argentinas" target="_blank" rel="noopener nofollow"><strong>Buenos Aires, 20 febrero (NA)</strong></a><strong> –</strong> La Corte Suprema de Justicia resolvió que la justicia penal ordinaria investigue la denuncia contra <strong>Verónica Asad, </strong>conocida como <strong>“</strong><a href="https://noticiasargentinas.com/sociedad/denunciaron-a-pitty-la-numerologa-en-medio-de-acusaciones-cruzadas"><strong>Pitty, la numeróloga”</strong></a><strong>,</strong> acusada de a<strong>provecharse de personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes.</strong></p>
<p>El máximo tribunal dirimió una cuestión de competencia entre el juzgado nacional en lo criminal y correccional 11 y el juzgado federal criminal y correccional 9, con asiento en Comodoro Py 2002, y determinó que <strong>la causa continúe en el fuero ordinario</strong>, según pudo saber la <a href="https://noticiasargentinas.com/"><strong>Agencia Noticias Argentinas</strong></a>.</p>
<p>La denuncia fue presentada por <strong>Pablo Salum</strong>, quien se define en redes sociales como<strong> “Fundador de Red LibreMentes”</strong> y se presenta como un “luchador” contra las “pseudociencias coercitivas”.</p>
<h3>Contrataciones irregulares</h3>
<p>La presentación judicial se realizó en paralelo a otra denuncia radicada en Comodoro Py 2002, luego de que trascendiera que la entonces presidenta del Banco Nación, <strong>Silvina Batakis</strong>, y la gerenta general <strong>María del Carmen Barros</strong> fueron denunciadas por haber contratado a Asad para un “curso de coach”.</p>
<p>En esa causa también se les atribuyó la <strong>presunta contratación irregular del exmarido de Batakis en el área de sistemas y del hijo de Barros en una gerencia de la entidad</strong>.</p>
<p>La denuncia fue impulsada por la entonces diputada nacional <strong>María Graciela Ocaña</strong>, y el fiscal <strong>Guillermo Marijuan</strong> imputó a las exfuncionarias y a Asad por <strong>incumplimiento de los deberes de funcionario público</strong>, defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta y peculado.</p>
<p>En ese contexto, Salum acusó a Asad de <strong>captar personas en situación de vulnerabilidad para manipularlas psicológicamente</strong> con el objetivo de <strong>despojarlas de dinero o bienes, </strong>y solicitó además una <strong>prohibición de acercamiento y contacto hacia él.</strong></p>
<p>El juzgado de instrucción hizo lugar a la medida de prohibición de contacto y remitió el expediente a Comodoro Py por conexidad, pero <strong>el juzgado federal rechazó intervenir, por lo que la controversia llegó a la Corte Suprema.</strong></p>
<h3>Hechos distintos y escindibles</h3>
<p title="__IP__" data-ipspy="__IP__">El Procurador General sostuvo que “le asiste razón al juez federal en cuanto a que los hechos que conforman ambos procesos resultan distintos y escindibles”, y consideró que <strong>los hechos denunciados por Salum se vinculan con la actividad de Asad como numeróloga y no alcanzan para relacionarlos con el fuero federal.</strong></p>
<p>Los jueces<strong> Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti </strong>siguieron ese criterio y resolvieron que<strong> la causa permanezca en la justicia de instrucción ordinaria.</strong></p>
<p>En tanto, en Comodoro Py se dictó el año pasado <strong>el sobreseimiento de Batakis, Barros, Asad y el resto de los involucrados</strong>, luego de que<strong> una auditoría interna del Banco Nación sostuviera que “no se pudo determinar que la institución haya sufrido un perjuicio patrimonial por la contratación directa del servicio”.</strong><br><a href="https://noticiasargentinas.com/-agenciana_t6916e70a4551e78eb9423f59">#AgenciaNA</a> </p>
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