Ordenan la internación urgente de Konstantin Rudnev, pero su esposa denuncia que el traslado contradice indicaciones médicas

El juez federal Leandro Gómez Constén dispuso su traslado al Hospital Fernández, luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que no está en condiciones de seguir en una cárcel.

<p>Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- La causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, investigado por presunta trata de personas en Bariloche, sumó un nuevo foco de conflicto luego de que el juez federal de garantías Leandro Gómez Constén ordenara su traslado e internación urgente en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución, dictada el 13 de octubre, fue objetada por su esposa, Tamara Rudneva, y por su abogado defensor, Martín Luis Sarubbi, quienes sostienen que el procedimiento no ponderó las advertencias de los médicos tratantes sobre los riesgos de movilizar al imputado en su actual estado de salud. El magistrado basó su decisión en el informe del Cuerpo Médico Forense del 8 de octubre, que concluyó que Rudnev no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario. La junta médica también señaló que la vivienda de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, donde el imputado cumple arresto domiciliario, no resulta adecuada para su cuadro clínico. Por ese motivo, recomendó su internación en un hospital de alta complejidad para completar estudios neurológicos, cardiovasculares y respiratorios, establecer diagnósticos y definir los tratamientos correspondientes. “Nos preocupa profundamente que esta decisión se haya tomado a pedido de la Fiscalía, sin una discusión previa con la defensa y, a nuestro entender, sin considerar debidamente el estado actual de Konstantin ni las recomendaciones de sus médicos tratantes”, expresó Tamara Rudneva. La mujer objetó que una medida de semejante trascendencia se adoptara sin escuchar antes los argumentos del abogado defensor, circunstancia que, a su juicio, vulnera el principio de contradicción que debe regir el proceso. La controversia vuelve a enfrentar a la defensa con el Ministerio Público Fiscal, cuya actuación en la causa encabeza el fiscal federal Fernando Arrigo. La resolución de Gómez Constén incorpora además una presentación del fiscal Gustavo Révora, quien pidió adoptar las medidas necesarias para concretar el traslado a un hospital de alta complejidad. En su escrito, el representante del Ministerio Público sostuvo que, para resguardar la salud del imputado, correspondía avanzar con una evaluación diagnóstica integral. La defensa, en cambio, plantea que el tribunal debería valorar especialmente los informes médicos posteriores que recomiendan evitar desplazamientos y permitir que Rudnev continúe su atención en la clínica privada donde ya fue tratado e intervenido quirúrgicamente. “Ahora se están rechazando las presentaciones del abogado destinadas a impugnar esta decisión y suspender el traslado. Sin embargo, el neurólogo indicó expresamente que, en este momento, el traslado de Konstantin está contraindicado”, afirmó Rudneva. Según explicó, los profesionales que siguen la evolución clínica de su esposo consideran que movilizarlo podría agravar sus síntomas. Agregó que, de acuerdo con esos especialistas, no existe en la actualidad una necesidad de internación urgente que justifique someterlo a un traslado en las condiciones fijadas por el tribunal. Sarubbi presentó un escrito ante la Oficina Judicial de General Roca en el que anunció que interpondrá un recurso de queja ante la instancia superior y solicitó suspender el traslado hasta que la resolución quede firme. En la presentación, el defensor invocó el artículo 347 del Código Procesal Penal Federal, referido al efecto suspensivo de los recursos. También adjuntó documentación médica que, según su interpretación, acredita riesgos concretos para la salud de Rudnev en caso de concretarse el desplazamiento. Uno de esos informes, fechado el 12 de octubre en San Vicente, describe un cuadro de extrema fragilidad clínica, con compromiso neurológico, funcional y cognitivo. El documento consigna antecedentes de enfermedades de columna, alteraciones cardiovasculares, neuropatías y severas dificultades para movilizarse sin asistencia. Advierte asimismo que los traslados pueden desencadenar episodios de dolor intenso, descompensaciones y un agravamiento de la sintomatología, y recomienda reposo, tranquilidad, reducción del estrés, asistencia permanente y continuidad del tratamiento bajo supervisión médica. “Mientras tanto, Konstantin recibe seguimiento médico permanente en su domicilio: los médicos vienen prácticamente día por medio. Ya estuvo internado en tres ocasiones para realizarse estudios y recibir tratamiento”, explicó Rudneva. La mujer aseguró que la familia no se opone a nuevas evaluaciones ni a los tratamientos que resulten necesarios, pero reclamó que se organicen de manera compatible con las indicaciones de los especialistas. Según su relato, Rudnev fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas durante 2026 y aún presenta limitaciones físicas que dificultan su traslado y su recuperación. Otro punto central del conflicto es la negativa judicial a autorizar que los estudios y tratamientos se realicen en una clínica privada donde Rudnev ya fue atendido. En el expediente se menciona la Clínica Monte Grande, establecimiento en el que fue operado y donde se conservan antecedentes relevantes de su historia clínica. La defensa sostiene que la continuidad de la atención con los profesionales que conocen su evolución reduciría riesgos y evitaría las complicaciones derivadas de un traslado a otra institución. “Nos resulta especialmente incomprensible que el juez no autorice su internación en la clínica privada donde viene siendo atendido desde hace tiempo, donde se encuentra su historia clínica y trabajan sus médicos tratantes”, manifestó Rudneva. La esposa del imputado reivindicó el derecho a elegir el establecimiento de salud y reclamó una explicación concreta sobre por qué los estudios deben hacerse necesariamente en un hospital público. El magistrado, por su parte, fundamentó su elección en la recomendación del Cuerpo Médico Forense de recurrir a un hospital público de alta complejidad y en la necesidad de una evaluación interdisciplinaria. Las actuaciones de la Policía Federal Argentina agregadas al expediente revelan dificultades para concretar la internación en el Hospital Fernández. El 14 de octubre, personal de la Delegación Unidad Operativa Federal Ezeiza consultó en el establecimiento la disponibilidad de camas y las condiciones requeridas para recibir al paciente. Según las constancias policiales, desde el hospital se informaron problemas de disponibilidad y limitaciones vinculadas con la atención requerida. Ante ese escenario, las instrucciones judiciales contemplaron la alternativa de gestionar la internación en otro hospital público de alta complejidad. “Según la información que recibimos, el Hospital Fernández rechazó su ingreso por falta de camas y por no poder garantizar las condiciones necesarias para su atención. Tampoco tenemos confirmación de que los otros hospitales públicos propuestos puedan ofrecer todos los recursos que necesita”, señaló la esposa del ciudadano ruso. La mujer manifestó su preocupación por la incertidumbre que rodea al eventual traslado y cuestionó que se insista en movilizar a su esposo sin tener garantizadas las condiciones hospitalarias que exige su estado clínico. La resolución dispone que el hospital deberá informar al tribunal, dentro de las 72 horas del ingreso, el plan diagnóstico y terapéutico, y luego comunicar cada diez días la evolución del paciente, los estudios realizados y sus resultados, además de cualquier novedad relevante y la eventual alta médica. Durante el traslado y la internación, Rudnev permanecerá bajo custodia de la Policía Federal Argentina, con instrucciones expresas para que la vigilancia no interfiera con la atención médica. La medida prevé también la asistencia de un intérprete de idioma ruso cuando resulte indispensable. “Esto nos hace temer que pretendan mantener a Konstantin internado bajo custodia, durante un tiempo indefinido, con el argumento de que necesita más estudios”, expresó Rudneva. A su entender, la obligación de informar al tribunal antes del alta y la ausencia de un plazo definido para la internación abren interrogantes sobre la duración de la medida. La resolución aclara, sin embargo, que el traslado hospitalario no modifica la medida de coerción vigente y que la situación de alojamiento del imputado se resolverá conforme a lo que decida la Cámara Federal de Casación Penal. El informe del Cuerpo Médico Forense constituye el elemento médico decisivo de la controversia. Los especialistas oficiales describieron un síndrome neurológico con debilidad en las cuatro extremidades, alteraciones de la movilidad y posibles dificultades cardiorrespiratorias que requieren estudios complementarios, y concluyeron que Rudnev no está físicamente en condiciones de permanecer en una cárcel. Mientras el juez interpretó esa recomendación como fundamento suficiente para ordenar la internación urgente, la defensa sostiene que deben priorizarse las indicaciones médicas posteriores que desaconsejan trasladarlo en su estado actual. “Tenemos la impresión de que podría existir un acuerdo indebido entre los fiscales y el juez, ya que la actuación del juez genera serias dudas sobre su imparcialidad: respalda sistemáticamente la posición de la Fiscalía y rechaza las impugnaciones y solicitudes de la defensa”, explicó Rudneva, quien reclamó que se examine la actuación del juez Gómez Constén y de los representantes del Ministerio Público Fiscal, incluida la estructura encabezada por el fiscal federal Fernando Arrigo. Agencia NA</p>

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