Rectores exigieron la aplicación inmediata del financiamiento universitario de cara al debate presupuestario

La protesta coincidió con la inconstitucionalidad dictada sobre el decreto oficial que frenaba la llegada de los recursos a las casas de estudio.

<p>El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) trasladó su reunión mensual al Cabildo de Buenos Aires para exigirle al Poder Ejecutivo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la incorporación de las partidas correspondientes en el proyecto de Presupuesto 2027. La congregación de los rectores de 60 casas de altos estudios nacionales se gestó con la urgencia de visibilizar la situación económica del sector de cara al debate legislativo.</p><p>La decisión de mudar el encuentro al histórico edificio capitalino apuntó a dotar de mayor peso institucional a la protesta. La iniciativa de que "transformamos esta reunión del comité ejecutivo en una especie de cabildo abierto en defensa de la universidad pública argentina para exigir el cumplimiento de la ley y en defensa de la institucionalidad" reflejó el malestar generalizado del sector, frente a un escenario donde "realmente es insólito que hayamos llegado a este punto y todavía no tengamos respuestas".</p><p>La demanda cobró impulso un día después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que frenaba la ejecución de la ley sancionada por el Congreso. Frente a la intención del Gobierno de apelar esta resolución, la lectura de las autoridades académicas apuntó contra una política sistemática al percibir que "hay un ensañamiento incomprensible del Gobierno nacional para con el sistema universitario y la ciencia del país", motivado por "una aspiración por mantenerse al margen de la ley".</p><p>El análisis del titular del CIN, Franco Bartolacci, profundizó sobre la gravedad de ignorar la normativa, bajo el entendimiento de que "hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana cualquier otra". El rechazo a la discrecionalidad oficial remarcó que "no está bien que la ley se cumpla solamente cuando te gusta", encuadrando la defensa de los recursos en un principio republicano básico: "Eso no es una democracia, es la ley de la selva y es nuestra responsabilidad resguardar nuestra institucionalidad".</p><p>La estrategia del sistema universitario incluye un trabajo de sensibilización dirigido a gobernadores y legisladores nacionales. La búsqueda de este respaldo popular se apoya en la necesidad de que "si no se escucha a las universidades, al Congreso, a la Justicia, que se escuche a la voz del pueblo de la nación para que nuestra comunidad pueda tener esos recursos mínimos e indispensables que necesita para que la universidad siga funcionando y aporte al país". Para consolidar este reclamo por financiamiento, salarios y becas, se ratificó la realización de la quinta marcha federal universitaria para el 15 de octubre frente al Congreso, coincidiendo con una sesión convocada por la oposición para intentar derribar el DNU 70/23.</p><p>De forma paralela, la disputa avanza en los tribunales mediante las intimaciones dictadas para que el Gobierno cumpla con la cautelar sobre la recomposición de los ingresos. La Justicia desestimó el cálculo de la Casa Rosada, que argumentaba aumentos acumulados del 226,8% desde diciembre de 2023, al considerar que no estaba acreditada la actualización exigida por los artículos 5 y 6 de la ley, manteniendo firme la medida provisoria que protege los salarios docentes, no docentes y las becas estudiantiles.</p>

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